En su primera valoración sobre el Acuerdo, publicada el pasado día 2 de febrero por la Secretaría Federal del Mundo del Trabajo del PCE, se dejaba bien claro que la postura de los sindicatos mayoritarios en este último proceso negociador había sido “totalmente defensiva” y que “para este viaje no hacían falta alforjas”.

Si el proceso negociador al que nos referimos, tal como se llevó a cabo, puede ser valorado negativamente por sus repercusiones para la clase trabajadora en el conjunto del Estado, en Asturias  donde las consecuencias de la crisis y sus salidas en provecho del capital se viven de forma particularmente angustiosa, al golpear sobre un tejido productivo especialmente perjudicado (desplome de la minería, hundimiento del sector naval, problemas recurrentes en Arcelor, despidos, cierres y deslocalizaciones, frenazo a los fondos mineros, 100.000 parados, etc.) ,  la valoración del acuerdo patronal-sindicatos adquiere unos rasgos seguramente más dramáticos.

Desde luego, de la lectura del texto pactado se deduce que estamos ante un pacto indiscutiblemente regresivo para los trabajadores. Se trata fundamentalmente de un pacto de rentas, de un pacto de reducción de rentas para los trabajadores, a quienes se endosa el mayor esfuerzo para pagar los costes de la crisis, a la vez que contiene otras cláusulas igualmente negativas o regresivas acerca de la Negociación Colectiva, el empleo o la formación.