El pasado día 9 se cumplían 31 años de la legalización del Partido Comunista de España. Con ella venía a reconocerse jurídicamente una realidad de facto: el PCE constituía entonces la principal fuerza de oposición organizada, el colectivo de hombres y mujeres que más tenazmente había luchado por la recuperación de las libertades en nuestro país. Eso no significa que existiera, por parte del Gobierno de reformistas procedentes del régimen anterior, ni siquiera de algunos de sus más significativos apoyos internacionales, una voluntad clara de adoptar esta medida de estricta justicia democrática. Fue la movilización popular lo que la impuso. La amplia agitación y la agudización de las luchas sociales acabaron por hacer inviable un franquismo sin Franco, desbordando las previsiones de quienes hubieran deseado un cambio más limitado y alicorto. Luego la demostración de fuerza y serenidad del partido en el entierro de los abogados de Atocha y los cálculos políticos de Adolfo Suárez motivaron la decisión, que algunos deseaban posponer a las elecciones de junio con el fin de colocar al PCE en posición de clara inferioridad en el nuevo mapa político.

De hecho los comunistas, antes de su legalidad, ya se habían ganado su legitimidad, a través de una acción constante que llevó al PCE a convertirse, a los ojos de muchos, en El Partido (en singular y con mayúsculas). Su presencia en la sociedad española, especialmente en sus segmentos más dinámicos, era fruto de una decisión consciente, desde el final mismo de la guerra, que otros no asumieron del mismo modo: no ser un «partido de la emigración» y continuar, a toda costa, la lucha en el interior. La factura humana que hubo que pagar por ello fue, desde luego, muy cuantiosa.

Pero esta voluntad colectiva de resistir habría sido estéril a falta de otras muchas voluntades individuales. Como escribía no hace mucho el comunista José Sandoval, «la historia de la lucha de un pueblo por una vida digna se teje con millones de historias personales». Sin de esa multiplicidad de compromisos militantes no hubiera sido posible ganar las libertades: sin los que regresaban a España clandestinamente, jugándose la vida en la inmediata posguerra; sin los guerrilleros que mantuvieron viva la llama de la resistencia en los montes de España; sin los miles de presos y torturados, despedidos y represaliados; sin los obreros y los estudiantes, los intelectuales o las mujeres que, desde los años cincuenta, fueron entrelazando paciente y dolorosamente los mimbres de la esperanza. Todos ellos escribieron -nada hay de exagerado en estas palabras- una auténtica epopeya, con una entrega injustamente ignorada o minusvalorada, que a menudo expresaron quienes la vivieron con palabras de una sencillez conmovedora, como las que utiliza Domingo Malagón en sus memorias: «lo que hicimos, alguien tenía que hacerlo». Casi todos, tras haber dejado en el camino familias rotas, expectativas profesionales truncadas, sueños personales que nunca podrían realizar, han reafirmado, ya en la madurez o el tramo final de su existencia, que pese a todo, mereció la pena esa dura batalla que dio sentido y dignidad a sus vidas.

Pero el heroísmo por sí mismo no hubiera sido suficiente sin los aciertos políticos de un partido que supo, a despecho de los muchos e inevitables errores, detectar la importancia de lo nuevo que iba surgiendo en la sociedad española e incorporar en sus filas a sucesivas generaciones de luchadores. Asturias fue, en ese sentido, un ejemplo evidente. Sin remontarnos más lejos en el tiempo, desde las huelgas de 1962, que marcaron un hito en la oposición al régimen, los comunistas fueron cobrando fuerza no sólo entre los mineros, sino también en las fábricas o la Universidad, en los barrios, en las asociaciones culturales, en una parte del medio rural. Desde la clandestinidad, el PCE asturiano supo construir una organización amplia y sólida, que en vísperas de la legalización había entregado ya 4.000 carnés y que a lo largo de 1977 superó los 10.000 militantes. El reconocimiento legal, cicatero y tardío, venía a refrendar esta realidad innegable.

Es cierto que, ante lo inevitable, los poderes realmente operantes optaron por poner en práctica otras medidas, para evitar que la fuerza de los comunistas bajo la dictadura les otorgara un papel significativo en la nueva España democrática. Para ello postergaron la legalización casi a la víspera de las elecciones, facilitando así la maniobrabilidad de otras fuerzas competidoras, a las que se esforzaron en fortalecer.

También crearon una ley electoral destinada -como han confesado algunos de sus artífices- a contener al PCE dentro de límites estrictos. Además, llevaron a la dirección comunista a una negociación «a la baja» que implicó concesiones juzgadas entonces, por algunos, necesarias, pero que a la larga tuvieron una negativa incidencia en la propia identidad comunista y generaron una frustración de prolongados efectos. Pero lo que luego sucedió es, como suele decirse, otra historia, que en aquel Sábado Santo esperanzado de 1977 pocos podían imaginar.